Con un incremento de más del 3.400% en la cantidad de
solicitudes de asilo político de venezolanos en el mundo, se evidencia la
gravedad de la crisis humanitaria del país caribeño.
Una migración involuntaria
En el cuatrienio comprendido entre el 2014 y 2017, la
economía venezolana ha experimentado la mayor desaceleración y contracción de
su historia reciente. Por este motivo, las alertas sobre una inminente
crisis humanitaria han estado fundamentadas en la prevista incapacidad de la
economía caribeña para satisfacer las necesidades más básicas de su
población.
Es por esta razón que diversas organizaciones
internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han
dado el paso hacia la realización de llamados a la acción una vez que se ha
hecho evidente e innegable la crisis que experimenta Venezuela.
Sin embargo, este cambio de actitud no obedece a
una confirmación de la crisis a través de las estadísticas económicas del país,
ya que las mismas son inexistentes, sino a través de un efecto más evidente, la
presencia creciente de un característico grupo poblacional en las ciudades del
continente.
La población venezolana migra y su flujo se ha
incrementado de forma exponencial, evidenciando la existencia de una
auténtica crisis económica política y social, a través de su simple
presencia en las ciudades receptoras y la narración de las anécdotas y
vivencias que motivaron el abandono de sus territorios de residencia
originales.
Entre estas anécdotas se narran las precariedades
de la vida actual en Venezuela, el desabastecimiento y la imposibilidad de
cubrir las necesidades más básicas incluso con la posesión de un empleo formal.
Adicionalmente, estas denuncian que la crisis se enmarca en un contexto
de retroceso de libertades, ausencia de bienes básicos y uso excesivo
de la fuerza, constituyendo así en efecto una crisis humanitaria que se
agudiza con el tiempo.
En consecuencia, la insatisfacción de las
necesidades básicas puede catalogarse como el principal catalizador de la
migración. Por consiguiente, no se puede ignorar la existencia de refugiados
y más aún si la expresión "flujo migratorio" se sitúa conjuntamente
con la palabra "crisis" en la prensa y los informes de diversas
organizaciones.
Entre la migración y el asilo
Según la Convención de Ginebra de 1951, el estatus
de refugiado se otorga a ciudadanos cuyo motivo para migrar no ha sido
voluntario sino generado por temores de persecución por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones
políticas. (Ver ACNUR)
Por otro lado, la Cancillería de Colombia, de conformidad con el Decreto 1067 de 2015 reconoce la condición de refugiada a aquellas personas:
"[...] Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual. [...]"
En este sentido, si bien se podría calificar a la migración venezolana durante 2017 como un caso de migración involuntaria e incluso forzada, esta clasificación por sí sola no cataloga a los migrantes como refugiados. Sin embargo, dado que la condición de refugiado se otorga a causa de la percepción de inseguridad por las causales antes expuestas, se puede estimar la cantidad de personas que se consideran refugiadas de acuerdo con las solicitudes de asilo efectuadas ante instancias estatales.
Es decir, una primera aproximación sobre la
eventual crisis de refugiados de Venezuela se podría realizar tras evaluar las
condiciones de inseguridad generadoras de movimientos migratorios y a través de
la cuantía en las solicitudes de asilo registradas por personas venezolanas.
Con respecto a la perspectiva desde las condiciones
de inseguridad generadoras de flujos migratorios se puede citar el
informe de la CIDH, según el cual se denuncia una crisis de migración forzada a
causa de "las violaciones a derechos humanos, la violencia e
inseguridad, y la persecución por opiniones políticas", lo cual se
confirma al observar que Venezuela es uno de los países con la mayor tasa de
homicidios del hemisferio. En este sentido se cumple el diagnóstico de la
primera condición para una crisis de refugiados.
Por otro lado, al evaluar la segunda condición, es
decir, la autodesignación de la condición de refugiado por medio de la
solicitud de asilo, se puede observar que la tendencia es creciente y que
posterior al año 2014 ha ocurrido un estallido en el volumen de solicitudes de
asilo en las Américas y Europa.
Así, la cartografía que se presenta a continuación
refleja el aumento sostenido en el volumen de peticiones de asilo político por
la población venezolana, lo cual ilustra la naturaleza de la migración forzada
que ha salido de Venezuela en búsqueda de seguridad, acceso a empleos y a
servicios básicos como alimentación, salud y educación, entre otros.
Específicamente se puede observar que ACNUR contabiliza unas 142.675 solicitudes de asilo en el cuatrienio 2014-2017 y un valor acumulado de 146.573 si se toma en cuenta enero y febrero de 2018. Al comparar el monto de solicitudes de 2017 con 2014 se observa un crecimiento del 2.334%, mientras que al comparar la población total que ha solicitado asilo durante 2014-2017 con el volumen de 2014, se advierte un crecimiento del 3.432%.
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Específicamente se puede observar que ACNUR contabiliza unas 142.675 solicitudes de asilo en el cuatrienio 2014-2017 y un valor acumulado de 146.573 si se toma en cuenta enero y febrero de 2018. Al comparar el monto de solicitudes de 2017 con 2014 se observa un crecimiento del 2.334%, mientras que al comparar la población total que ha solicitado asilo durante 2014-2017 con el volumen de 2014, se advierte un crecimiento del 3.432%.
Estos datos evidencian la explosión de una
crisis de refugiados en la región, la cual podría persistir y agravarse en el
futuro próximo debido a que, según las proyecciones del Fondo Monetario
Internacional, no se vislumbra una mejoría en las condiciones económicas de
Venezuela en el mediano plazo.
Por otro lado, es importante destacar la
distribución geográfica de las personas solicitantes de asilo. En primer lugar,
se resalta que Colombia, a pesar de ser el país con mayor cantidad de
migrantes venezolanos, es uno de los que menos experimenta la solicitud de
asilo. Este hecho se puede explicar debido a que históricamente ha sido la
población colombiana la que busca refugio en la región (CODHES, 2017).
De igual modo, cabe destacar que Colombia exige
pasaporte o Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para que los venezolanos
puedan ingresar a su territorio, mientras que en los demás países de
Suramérica basta con poseer la cédula de identidad. Este hecho provoca que sea
más fácil obtener un estatus regular y por consiguiente la condición de asilado
en países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, entre otros.
Adicionalmente es importante recalcar que las autoridades de Venezuela han sido
denunciadas internacionalmente por no proveer pertinentemente a su población
con documentación de identidad como un pasaporte. Este hecho puede ser una de las
causas explicativas de la baja incidencia de la solicitud de asilos en
Colombia.
Por otro lado, se puede destacar una alta
incidencia en la solicitud de asilo en aquellos países próximos a Venezuela, o
con los cuales su población se encuentra más relacionada, como es el caso de Estados
Unidos, Perú, Brasil o España, los cuales acumulan cerca del 82% de las
solicitudes efectuadas por venezolanos.
En cuanto a capacidad de respuesta a la hora de
acoger a los refugiados venezolanos, se puede resaltar que, según la Apelación
Suplementaria de ACNUR, esta agencia necesita unos US $ 46.020.217 dólares
adicionales para cubrir las necesidades de protección
y asistencia más básicas y críticas para más de
300,000 personas afectadas por la crisis de refugiados venezolana en 8 países
de de América Latina y en el Sur del Caribe (Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago,
entre otros).
Con este requerimiento financiero inicial se prevé
ofrecer asistencia en aspectos como i) procesos de protección justos y
documentación, ii) entorno de protección favorable, iii) empoderamiento
comunitario y autosuficiencia, iv) necesidades básicas y servicios esenciales,
entre otros.
La mencionada situación y los requerimientos
financieros adicionales de ACNUR pueden provocar la activación del nivel 2
de emergencia según la política sobre preparación
y respuesta ante emergencias de esta agencia ya que se
evidencia que las operaciones para atender la crisis de refugiados venezolana
requieren apoyo y recursos adicionales, especialmente en su Oficina Regional
(US $ 3.623.793), a fin de responder de manera oportuna y efectiva ante esta
situación.
Esta situación parece indicar la existencia de una
crisis humanitaria y de refugiados en Venezuela, ante la cual no se vislumbra
una solución en el corto plazo. Por lo cual se hace necesaria la cooperación
internacional para la asistencia, acogida y protección de los
refugiados de este país caribeño.
Publicado el 9 de abril de 2017 por:
Adelaida Patricia Acosta Betancourt
Directora de Alianzas del OLDS
alianzas@olds2030.org
Alberto Castillo Aroca
Secretario General del OLDS
secretariageneral@olds2030.org
Nota:
próximamente se publicará el informe en formato PDF y los datos en formato abierto
a través de las plataformas Harvard Dataverse y Humanitarian Data Exchange (HDX).
Fuentes:
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